La intención declarada del Ayuntamiento de Barcelona de gravar a las empresas de reparto que facturen más de un millón de euros anuales ha encendido los ánimos en el sector logístico. Desde la patronal UNO han denunciado que «se trata de un tributo discriminatorio, que incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, que se verán obligados a asumir mayores costes o a repercutírselos a sus clientes».
En opinión del presidente de esta patronal, Francisco Aranda, en los meses más duros de la pandemia «nuestro sector fue la salvación de muchos establecimientos y pymes, pues permitió que cualquier comerciante tuviese la oportunidad de seguir llevando sus productos a todo el mundo, generando riqueza y empleo». A su juicio, las empresas de reparto son «la vía eficiente para que el pequeño comercio y las pymes tengan la posiiblidad de abrir sus frontera más allá del barrios». Para Aranda, la intención del consistorio barcelonés lastraría la competitividad del pequeño comercio.
Para el presidente de UNO, a pesar de que la intención del nuevo tributo es nivelar el terreno de juego, precisamente el comercio de proximidad se verá afectado por esta tasa. Aranda ha recordado de que a pesar de que serán las empresas de reparto las que se vean afectados «los comercios que venden sus productos resultarán claramente perjudicados en términos de rentabilidad, así como los clientes que viven en las zonas afectadas, por lo que se trata de una medida inflacionista».
Impacto sobre el medio ambiente
Tampoco están de acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona en que aduzca «motivos de protección medioambiental». Lo que ve «contradictorio» ya que la aplicación de este impuesto sobre las ventas online fomentará las físicas y esto incrementará el tráfico, así como el impacto sobre el medio ambiente.