El caos que se instaló en la Comisión de Trabajo en la que aprobó este jueves el paquete de enmiendas que se incorporarán al proyecto de ley del fondo público de pensiones terminó con un error garrafal del PSOE que complica aún más la votación de la ley que tendrá lugar en el pleno del Congreso dentro de siete días. El voto favorable de los socialistas a un paquete de enmiendas de Unidas Podemos provocó que la Comisión de luz verde por una lado al destope de las bases máximas de cotización y por otro a la eliminación de las deducciones en cuota de Seguridad Social para el empresario por las aportaciones al plan de pensiones de empleo. Además, se incluyó en este paquete una rebaja del incentivo fiscal en IRPF para las aportaciones de los trabajadores al plan desde los actuales 8.500 euros hasta 4.250 euros anuales.
En síntesis, el error del PSOE ha limpiado las deducciones empresariales a la Seguridad Social previstas en el proyecto de ley y abre la puerta a que las renta superiores a 49.000 euros anuales coticen en mayor cuantía y sin llevar a aparejado un incremento de las pensiones máximas. Y además, se rebaja el atractivo fiscal para los empleados que decidan aportar a su plan de ahorro. Todo un cóctel de medidas que de no revertirse darán al traste con la puesta en marcha de uno de los puntos clave de la reforma de pensiones del ministro José Luis Escrivá.
Tras la votación celebrada en la Comisión, desde la bancada socialista pidieron repetir la votación tras percatarse que entre las enmiendas aprobadas estaba el destope. Sin embargo, el presidente de la Comisión, Antón Gómez-Reino, de Unidas Podemos, a instancias del letrado, rechazó esta posibilidad, instando a plantear un voto particular durante la votación de la iniciativa en el Pleno.
Cabe recordar que el destope apoyado por el grupo socialista en esta enmienda de Unidas Podemos, más allá, no recoge un incremento progresivo de la pensión máxima de jubilación. Un elemento fundamental para mantener la contributividad de la Seguridad Social y a lo que el ministro Escrivá se había comprometido con la Comisión Europea para no socavar la equidad del sistema público.
La medida, más allá, abre la puerta a que se grave con más cotizaciones a las personas con sueldos por encima de los 49.000 euros anuales, mientras que a cambio se mantendría la pensión máxima sin cambios. Precisamente, los expertos aseguraban esta semana que tal medida supondría de facto un impuesto al salario de los trabajadores que más ganan y una medida de carácter confiscatorio.
Tal y como señalaba el letrado del Congreso en conversaciones con ABC, aún quedaría una última vía para revertir el resultado del dictamen de la comisión. Así, los partidos tendrán 48 horas para introducir votos particulares sobre el texto definitivamente acordado. Aseguran fuentes parlamentarias, eso sí, que se trata de un procedimiento agravado por el que se debe justificar con detalle y ser valorado posteriormente la exposición de motivos para poder dar la vuelta a alguno de los puntos incluidos en el paquete de enmiendas aprobado.
«Llegados al bloque de enmiendas 57, 58, 59 y 60 el grupo parlamentario socialista ha entendido que votaba la enmienda transaccional 59 de Podemos, cuando se votaba todo el bloque», apuntan a ABC fuentes parlamentarias, asegurando que se presentará un voto particular «para que sea corregido en la votación que tendrá lugar en el pleno de la semana que viene». Sin todos esos incentivos que se borrarán del proyecto de ley si el dictamen se vota tal y como se zanjó este jueves, el Gobierno tendrá difícil mantener los apoyos que los partidos dieron en comisión, por lo que peligrará la aprobación final del texto.
Al cierre de la sesión, el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Cabezón, denunció las formas con las que el Gobierno había ido a la Comisión, con las enmiendas abiertas y sin haber hecho los deberes. «Esto no puede volver a ocurrir», advirtió afeando la negociación de enmiendas de última hora.
Bildu y Vox salvan la ley
Con todo, el dictamen final del proyecto de ley de impulso de los planes de pensiones de empleo con el apoyo del PNV y el PRC, además de la abstención de Vox y Bildu. El PP, Esquerra Republicana (ERC), Ciudadanos (Cs) y Compromís votaron finalmente en contra. Tras superar su votación en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proyecto pasa ahora al pleno del Congreso, que tiene la última palabra sobre esta iniciativa.
Después de acordar algunos cambios con Cs y PDeCAT para ampliar las ventajas fiscales de esta regulación, el Gobierno había logrado cuadrar sus cuentas acordando con Bildu la subida un 15% de las pensiones más bajas. A cambio de su abstención en el proyecto del fondo público, el futuro decreto ley para prorrogar las medidas contra la crisis provocada por la guerra en Ucrania incluirá la subida de entre 60 y 100 euros de las pensiones no contributivas, de viudedad, orfandaz o invalidez.
Asimismo, el acuerdo alcanzado con esta formación contempla que estos planes no mermarán los ingresos de la Seguridad Social, por lo que no irán a costa del sistema público de pensiones, uno de los principales temores de los movimientos de pensionistas, e incluso de Unidas Podemos, socio del Gobierno, que ha celebrado esta medida.
Por su parte, a propuesta de Cs y el PDeCAT, el proyecto incluirá una desgravación para las empresas en el Impuesto sobre Sociedades, que podrán deducirse de su cuota íntegra hasta el 10% de las aportaciones que hagan a favor de sus trabajadores con retribuciones inferiores a 27.000 euros brutos. A partir de esa cifra, la deducción será sobre la parte proporcional de las aportaciones que correspondan a una retribución bruta de ese límite.
Pese a que inicialmente la propuesta de Cs para esa deducción era de un 15% de las aportaciones, el acuerdo deja la deducción en el 10% de las aportaciones, tal y como planteaban también en sus enmiendas el PP, Vox y el PDeCAT.
Cambios en la comisión de control
Por otro lado, también a propuesta de Ciudadanos, se modifica la regulación de la Comisión de control especial de los planes de pensiones para exigir a sus integrantes al menos 10 años de experiencia en la gestión de fondos o planes de pensiones, y se evita que los miembros designados por el Gobierno tengan derecho a veto para determinadas decisiones.
Hasta ahora, el proyecto establecía que cualquier cambio en la política inversiones sobre el ejercicio del derecho de impugnación de acuerdos sociales necesitaba la aprobación de los miembros designados por el Ministerio de Seguridad Social, cláusula que se modifica para que sea suficiente con la mayoría de los mismos.
Fuente: www.abc.es